Facpyme y COVACO denuncian a Economía la venta ilegal en viviendas particulares

La venta ilegal en viviendas particulares se ha consolidado. Aunque no se trata de una práctica generalizada, la expansión de este fenómeno, que parece gozar de impunidad, continúa, lo que preocupa cada vez más al pequeño comercio. El asunto emergió, de hecho, en la última asamblea de la Confederación de Comerciantes y Autónomos de la Comunidad Valenciana (Covaco), que se celebró el pasado lunes en Valencia.

Fueron varias las organizaciones que trasladaron al conseller de Economía, Rafael Climent y al director general de Comercio, Natxo Costa, los problemas derivados de la venta ilegal. Este fenómeno es más frecuente en los mercaditos, ferias y fiestas populares -donde se cuelan algunos vendedores sin licencia- pero también en el interior de los pisos. Se trata de casos flagrantes de competencia desleal, ya que no están dados de alta en la Seguridad Social ni facturan como autónomos.

Hasta hace poco, este tipo de negocios encubiertos se concentraban, sobre todo, en el sector de la peluquería y la estética personal. Sin embargo, sus ámbitos de actividad se están diversificando, según admitió ayer la secretaria general de la confederación, Amparo Barroso. Las tiendas ilegales venden productos textiles (algunos de ellos hechos a mano), de alimentación (como frutas y hortalizas) e incluso repostería sin ningún tipo de control sanitario ni administrativo.

No es de extrañar que los establecimientos reglados comiencen a estar hartos de situación, sobre todo por las dificultades que encuentran para poner coto a estas prácticas irregulares. «Algunos de nuestros socios han comunicado a la Policía la existencia de negocios encubiertos pero al tratarse de un domicilio particular, no pueden acceder al mismo sin una orden judicial», explicaron desde Covaco.

La impunidad con la que trabajan los propietarios de estas tiendas ilegales está contribuyendo a la expansión de los negocios opacos en la Comunidad Valenciana. El Gobierno autonómico apenas tiene margen de actuación en este asunto. Las competencias, según reconoció en la asamblea el propio Natxo Costa, son estatales por lo que sería necesario modificar la regulación vigente para dotar de mayores garantías a los empresarios que sí cumplen a rajatabla con su articulado.

En realidad, no es el único frente abierto que exigiría modificaciones. Covaco defiende, por ejemplo, una revisión de la normativa sobre las rebajas, para devolverlas a los periodos históricos de invierno y verano, pero también quiere poner freno al alud de promociones con descuentos. A su juicio, la proliferación de ofertas especiales durante todo el año termina saturando al consumidor, por eso reclaman ciertas restricciones para que los establecimientos sólo puedan recurrir a esta fórmula bajo determinados supuestos. La confederación aboga también por que se suprima la obligatoriedad de declarar zonas de gran afluencia turística (Podemos y Compromís ya han presentado una proposición en esta línea), así como una mejora en la regulación del comercio electrónico.